Ciudad de México.- Con algunas modificaciones, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron tanto la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales delinearán el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.
Con 81 votos a favor y 40 en contra, se dio luz verde al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, tras ocho horas de debate. Aunque ya fue aprobado en lo general, aún queda pendiente la discusión en lo particular. La oposición presentó 20 reservas al texto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
El dictamen incluyó una adición de último momento hecha por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, que otorga más atribuciones al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) para designar a los principales funcionarios de las áreas ejecutivas, como direcciones, unidades técnicas y coordinaciones, con excepción del secretario ejecutivo. Este último será nombrado por mayoría calificada por el Consejo General del INE, según lo establece la legislación actual.
El debate estuvo marcado por un enfrentamiento entre Morena y la oposición, que acusó a la reforma de buscar el control del poder judicial. En respuesta, los legisladores de Morena defendieron la reforma como un esfuerzo para erradicar la corrupción, el nepotismo y garantizar una justicia más equitativa.
El bloque mayoritario anunció que presentará dos reservas para revertir la propuesta que otorgaba a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la capacidad de vetar a los candidatos a cargos judiciales. Desde el inicio de la sesión, el vicecoordinador Ignacio Mier informó que se eliminaría la modificación al artículo 500 de la Legipe, que daba a los poderes de la Unión la facultad de aprobar o rechazar los listados de candidatos propuestos por los Comités de Evaluación.
Asimismo, se revertirá el cambio que permitía a ambas cámaras del Congreso realizar postulaciones conjuntas de candidatos, volviendo al texto original aprobado por los diputados, que estipula que las postulaciones deberán hacerse por separado.
