Washington. A horas de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara los aranceles generalizados que Donald Trump impuso con base en una ley de emergencia, el presidente estadounidense respondió con un desafío abierto: anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%, ahora sustentado —dijo— en el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, además de iniciar nuevas investigaciones comerciales.
En declaraciones a la prensa, Trump aseguró que no respetará el sentido del fallo que recorta su margen para usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como “atajo” para imponer impuestos a las importaciones. “Aún tengo métodos más contundentes”, afirmó, y anticipó que los pleitos legales podrían prolongarse “durante años”.
Acusaciones contra la Corte y señalamiento de “intereses extranjeros”
El mandatario se dijo “absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” del tribunal —de mayoría conservadora— que votaron en su contra, y sostuvo que la Corte está influida por “intereses extranjeros”. También afirmó que la decisión respondió a criterios “políticamente correctos”, sin conceder errores en su estrategia de aranceles como herramienta económica y diplomática.
Trump insistió en que los gravámenes son “esenciales” para la seguridad económica de Estados Unidos y reiteró que, sin ellos, el país quedaría “indefenso” frente a socios comerciales que —según su narrativa— se han aprovechado históricamente del mercado estadounidense.
El fallo que frenó su principal vía arancelaria
La Corte Suprema anuló los aranceles generalizados impulsados por Trump bajo la IEEPA, al determinar que el presidente excedió su autoridad. En una votación seis a tres, los magistrados confirmaron el criterio de instancias inferiores: la facultad de “regular la importación” no equivale a la facultad de imponer aranceles y, para hacerlo, el Ejecutivo requiere una autorización clara del Congreso.
La sentencia subrayó un punto de fondo: la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la potestad de imponer tributos y derechos de aduana.
Más litigios y nueva incertidumbre económica
El anuncio de Trump abre un nuevo capítulo en la batalla legal y política por el control de la política comercial. La decisión judicial no resolvió, además, si debe haber reembolsos por aranceles ya recaudados, un tema que podría detonar nuevos frentes en tribunales y aumentar la incertidumbre para industrias, consumidores y socios comerciales.
En el plano político, demócratas y diversos sectores celebraron el fallo, mientras que grupos empresariales advirtieron que buscar nuevas rutas legales para aranceles masivos puede prolongar la volatilidad en los próximos meses.
