Ciudad de México.– El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca tuvo una causa directa: el exceso de velocidad. Así lo concluyó la Fiscalía General de la República (FGR) tras cerrar la investigación del accidente que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de lesionadas.
De acuerdo con los peritajes, el convoy circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite permitido era de 50, y en tramos rectos alcanzó hasta 111 kilómetros por hora, muy por encima del máximo autorizado de 70.
La combinación de velocidad, peso del tren y características de la vía generó una fuerza centrífuga que terminó por sacar al convoy de los rieles.
La investigación, respaldada por 230 dictámenes periciales en 16 especialidades y con participación de la UNAM, descartó fallas estructurales en la infraestructura ferroviaria y en los equipos. Tanto las vías como las locomotoras cumplían con la normatividad vigente.
Con estos elementos, la FGR fincó responsabilidades en el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas y permanecen en prisión preventiva.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca, cuando el tren cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos con más de 240 pasajeros a bordo.
En paralelo, parte de las víctimas optó por mecanismos de justicia alternativa. Un total de 145 personas firmaron acuerdos reparatorios con la empresa operadora, lo que permitió extinguir la acción penal en esos casos.
La FGR también revisó contratos relacionados con la operación del tren y no encontró elementos para proceder por delitos de corrupción o uso indebido del servicio público.
El caso, sin embargo, deja abierta una discusión más amplia sobre los protocolos de operación y supervisión en uno de los proyectos estratégicos de infraestructura del país.
