La ex candidata reconoce cambio de rumbo del gobierno y plantea abrir debate energético
Ciudad de México.– En un giro poco común en la polarización política, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez respaldó la apertura del gobierno de Claudia Sheinbaum al uso del fracking, al considerar que se trata de una decisión necesaria frente a la dependencia energética del país.
“Como oposición, debemos señalar errores del Gobierno, sí, pero también reconocer aciertos. Este es un paso indispensable”, afirmó.
“Es mejor corregir”
Gálvez celebró el cambio de postura respecto a la política energética del sexenio anterior y sostuvo que es preferible ajustar decisiones que mantener posturas ideológicas.
“Es mejor corregir que seguir viviendo en el error”, señaló.
En ese sentido, cuestionó la negativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador al uso de esta técnica, la cual —dijo— obedecía más a razones ideológicas que técnicas.
Un respaldo con matices
Aunque apoyó la decisión, la exsenadora reconoció que el fracking implica riesgos ambientales.
“Es un método contaminante”, admitió, aunque matizó que actualmente existen tecnologías que pueden reducir su impacto.
Por ello, planteó que su implementación debe hacerse con estándares técnicos más altos y bajo regulación estricta.
Soberanía energética en debate
El respaldo de Gálvez se da en un contexto de presión internacional sobre los precios del gas, derivado de la crisis energética global y el conflicto en Medio Oriente.
Para la panista, abrir la puerta al fracking es clave para reducir la dependencia del gas extranjero.
“Si no lo hacemos, en poco tiempo, además de gas estaremos importando petróleo”, advirtió.
El costo del cambio
La apuesta no es menor.
Gálvez estimó que el desarrollo del fracking en México requeriría inversiones de entre 35 mil y 45 mil millones de dólares anuales durante al menos una década, así como la participación de la iniciativa privada.
El fondo
El posicionamiento revela una coincidencia inusual entre gobierno y oposición en un tema estratégico.
Pero también abre un nuevo frente:
el debate entre soberanía energética, inversión privada y costo ambiental.
