La segunda mesa de diálogo sobre la planta de amoníaco en Topolobampo reunió nuevamente al Gobierno de México, representantes de comunidades, cooperativas pesqueras y la empresa responsable del proyecto, en un encuentro donde se abordaron las inquietudes relacionadas con el desarrollo económico, la protección de la Bahía de Ohuira y la importancia de la pesca para el pueblo Mayo-Yoreme.
La sesión fue encabezada por la Subsecretaría de Industria y Comercio, como parte del proceso de información, participación y construcción de acuerdos impulsado para atender las preocupaciones de las comunidades de la región.
Planta de amoníaco: Gobierno de México reconoce el valor cultural y económico de la Bahía de Ohuira
Durante la reunión se presentaron distintas perspectivas sobre el futuro de la región y la importancia ambiental, económica y cultural de la Bahía de Ohuira.
En este intercambio, representantes de comunidades y cooperativas pesqueras expusieron la relevancia que este territorio tiene para la vida del pueblo Mayo-Yoreme. Explicaron que la pesca no representa únicamente una actividad económica, sino una práctica ancestral vinculada con su identidad cultural, su organización comunitaria y su sistema de subsistencia.
Desde la perspectiva de las comunidades, el funcionamiento de la planta podría alterar las condiciones de una actividad de la que dependen numerosas familias y que mantiene una relación histórica con el territorio.
El Gobierno de México señaló que reconoce el valor de las distintas perspectivas expresadas durante la mesa y llamó a profundizar en alternativas económicas reales que respeten la cultura, las creencias y las formas de organización del pueblo Mayo-Yoreme.
El respeto a la identidad y al territorio Mayo-Yoreme, en el centro del diálogo
Uno de los principales planteamientos del Gobierno de México fue que cualquier alternativa de desarrollo para la región debe considerar la relación histórica que el pueblo Mayo-Yoreme mantiene con su territorio.
La autoridad federal reiteró su respeto a la identidad, la cultura, las formas de organización y la relación histórica del pueblo Mayo-Yoreme con su territorio, así como su compromiso de que las decisiones públicas se construyan mediante el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, se planteó la necesidad de aterrizar alternativas económicas relacionadas con la pesca, la comercialización del camarón y otras especies, así como la certificación de productos pesqueros y agrícolas.
También se propuso la creación de un programa de desarrollo comunitario específico para la zona, que, a petición de las comunidades participantes, sea encabezado por el Gobierno del Estado y el Gobierno de México.
La propuesta contempla que los beneficios destinados a las comunidades no sean administrados ni proporcionados directamente por empresas, sino que se construyan mediante mecanismos institucionales y con la participación de las propias comunidades.
Comunidades originarias participarán en el análisis del Polo de Desarrollo Económico
Otro de los acuerdos alcanzados durante la mesa fue incluir la participación de las comunidades originarias en el proceso y análisis del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.
El Gobierno de México señaló que las mesas de diálogo continuarán conforme a la metodología acordada por las y los participantes, con el objetivo de que cada tema sea analizado con amplitud, información técnica y apertura al intercambio de argumentos.
La segunda mesa concluyó con el compromiso de mantener abierto el diálogo entre las partes, en un proceso que busca abordar tanto las oportunidades económicas para la región como las preocupaciones de las comunidades respecto a la protección de su territorio, su cultura y sus formas de vida.
El Gobierno de México reiteró que el desarrollo de la región debe considerar la identidad, la cultura y las formas de organización del pueblo Mayo-Yoreme, así como su vínculo histórico con la Bahía de Ohuira y el territorio que habitan.
La autoridad federal sostuvo que las decisiones públicas deben construirse con transparencia, participación y respeto a los derechos humanos, mientras continúan las conversaciones entre el Gobierno de México, el Gobierno de Sinaloa, las comunidades, las cooperativas pesqueras y la empresa involucrada en el proyecto.
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