Por Sarahí Tirado Osuna
La pregunta casi nunca se hace en un seminario. Se hace en un pasillo, cuando se reparte un presupuesto y alguien tiene que explicar por qué sostener una casa de cultura en vez de otra cosa. Se dice sin agresión, casi con cansancio: ¿y la cultura para qué?
Voy a contestarla de frente, porque quienes la formulan son quienes firman los presupuestos.
Hay dos respuestas fáciles y las dos son trampas. La primera es enumerar utilidades: la cultura genera empleo, atrae turismo, previene la violencia, aporta al producto interno bruto. Todo cierto. Pero George Yúdice advirtió hace veinte años a dónde lleva ese camino: cuando la cultura se defiende por lo que produce, deja de discutirse por lo que vale y se vuelve descartable en cuanto aparezca algo más rentable. La segunda trampa es la contraria: decir que la cultura no sirve para nada y que preguntar por su utilidad es una vulgaridad. Es una posición digna y perfectamente inútil en una mesa donde se reparte dinero público. Quien la asume se retira del único lugar donde se decide.
La respuesta verdadera es más incómoda que las dos, porque no admite regateo: la cultura no se sostiene porque sirva, se sostiene porque es un derecho. Está en el artículo 4º de la Constitución y en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. No es una preferencia de gobierno ni una línea negociable del gasto: es una obligación del Estado, y los derechos no se justifican por su rendimiento.
Pero hay algo más, y aquí quiero ser concreta. El antropólogo Arjun Appadurai observó que lo que falta a las comunidades empobrecidas no es cultura: es lo que llamó la capacidad de aspirar, la habilidad de imaginar futuros posibles para uno mismo y reconocer los caminos que llevan hasta ellos. Esa capacidad no es innata: se ejercita en prácticas colectivas donde uno ensaya, se equivoca, mejora y es reconocido por otros.
Traducido a Sinaloa: un niño que aprende violín en un coro comunitario de Bamoa no está siendo entretenido. Está aprendiendo que el esfuerzo produce resultados, que hay un lugar donde su nombre importa y que su vida puede tener una forma distinta de la que tiene enfrente. En un estado donde otros están ofreciendo a esos mismos adolescentes pertenencia, ingreso y reconocimiento inmediatos, esa disputa no es simbólica. Se está perdiendo o se está ganando todos los días, y el Estado no puede presentarse a ella con programas que abren y cierran.
Eso es la cultura para qué. Y ahora la pregunta que de verdad importa: ¿quién responde por ella?
Porque el coro de Bamoa, el museo comunitario de Tehueco, los jugadores de ulama de El Quelite y las familias de La Chicayota existen hoy por obstinación individual: personas que los sostienen con trabajo voluntario, a pesar de la institución y no gracias a ella. Lo que se sostiene por obstinación desaparece cuando esa persona se cansa, se va o se muere.
Los hechos. Sinaloa atiende toda su política cultural desde un organismo descentralizado cuyo titular no se sienta en la mesa donde se reparte el presupuesto ni en la que coordina seguridad, educación y desarrollo urbano. El juego de ulama fue declarado patrimonio del Estado en 2010, con mandato expreso de crear programas de fomento: quince años después no existen. El único instrumento estatal que distingue a nuestros pueblos históricos lo administra la autoridad de turismo, sin plan de manejo ni presupuesto de conservación. Y el gasto en cultura del Estado no puede conocerse públicamente sin presentar una solicitud de transparencia.
Ninguno de esos hechos es culpa de una administración en particular. Todos son consecuencia del mismo diseño: una función de rango constitucional atendida desde un órgano sin la jerarquía para cumplirla. No es un problema de gestión. Es de arquitectura.
A quienes deciden les digo lo siguiente. El momento es ahora y no será mejor después. El primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas, y la Federación está desplegando en el territorio centros comunitarios, programas de cultura comunitaria y estrategias de recuperación de espacios. Todos operan por convenio con los estados y suponen del otro lado una autoridad cultural estatal capaz de concurrir, aportar contraparte y garantizar que esos espacios sigan abiertos cuando el programa federal concluya. Sinaloa no la tiene. Sin ella será receptor pasivo de programas ajenos, y al terminar esos programas la infraestructura y los equipos formados quedarán otra vez sin quien los sostenga.
La salida existe y no cuesta más. Se llama transformar el Instituto Sinaloense de Cultura en una Secretaría de Cultura: no gastar más ni crear estructura nueva, sino sustituir la existente, con los mismos recursos y respetando íntegros los derechos laborales de quienes hoy la sostienen. Lo único que cambia es el rango. Y el rango determina quién se sienta dónde, que es lo que determina qué sobrevive al siguiente cambio de gobierno.
La cultura no tiene que justificarse ante nadie. Necesita una institución que responda por ella. Eso está en manos de quienes deciden, y decidir tarde también es una decisión.
Estado Cultural | Una conversación pendiente sobre lo que Sinaloa sostiene y quién debería hacerse cargo
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Sarahí Tirado Osuna es Restauradora Perito del INAH, con más de veinte años en conservación de patrimonio, museos y colecciones en México y Latinoamérica. Licenciada en Restauración por la ECRO y maestra en Política y Gobierno por El Colegio de Jalisco. Su trabajo une la conservación técnica con la política cultural y los proyectos comunitarios.
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