Ciudad de México.— Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna habrían aprovechado sus posiciones dentro de la Secretaría de Marina (Semar) para colocar y gestionar funcionarios afines en aduanas estratégicas y facilitar una red dedicada al contrabando de combustibles, de acuerdo con información presentada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
La investigación señala que la estructura tenía capacidad para influir en nombramientos de personal en las aduanas de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas, piezas fundamentales para permitir el ingreso de hidrocarburos sin el pago correspondiente de impuestos.
Según lo expuesto por la fiscal, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, por posibles actividades ilícitas relacionadas con personal naval.
Buques salían de Texas y pagaban sobornos
La FGR identificó como parte del esquema el ingreso de combustibles mediante embarcaciones procedentes de puertos de Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con el informe citado, por cada buque cargado se habrían distribuido sobornos de hasta 1.75 millones de pesos entre personal aduanal para permitir el paso de los cargamentos y omitir controles.
La operación presuntamente incluía la simulación de inspecciones, manipulación de los volúmenes reportados, muestreos superficiales y el registro incorrecto del tipo de sustancia transportada para reducir o evitar el pago de impuestos.
Uno de los casos que permitió avanzar en la investigación fue el aseguramiento en Altamira, Tamaulipas, de un buque con 10 millones de litros de diésel ingresados ilegalmente, según la información presentada.
Colocaban personal en aduanas estratégicas
Uno de los elementos centrales del modus operandi habría sido el control de posiciones clave.
La investigación sostiene que los hermanos Farías utilizaban su influencia dentro de la Marina para instalar y gestionar nombramientos de personal relacionado con su estructura en diferentes aduanas marítimas.
De esta manera, la red presuntamente podía coordinar desde la llegada de los buques hasta su inspección y posterior liberación.
También se habrían alterado registros de importación y facturación para clasificar el combustible en fracciones arancelarias exentas o con menores cargas fiscales.
Desactivaban cámaras durante los desembarques
La investigación de la FGR también detectó que la estructura presuntamente coordinaba los calendarios de llegada de los buques con la desactivación temporal de cámaras de vigilancia, con el objetivo de evitar que quedara registro en video de determinados desembarques.
Posteriormente, el combustible era distribuido y las ganancias presuntamente se lavaban mediante una cadena de empresas fantasma con operaciones en seis entidades del país, entre ellas Tamaulipas, Colima, Baja California y Ciudad de México.
FGR encuentra documentos confidenciales
Durante los cateos realizados como parte de las investigaciones, la FGR aseguró en un inmueble arrendado por uno de los Farías armas sin registro, listas de aduanas marítimas, expedientes confidenciales de altos mandos navales y documentación clasificada de seguridad nacional, de acuerdo con lo informado por Godoy.
La Fiscalía mantiene abiertas carpetas de investigación y continúa con la búsqueda de nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y representantes legales que pudieran estar relacionados con la estructura.
El caso apunta a una operación que no se limitaba al ingreso irregular de combustibles: de acuerdo con la investigación presentada por la FGR, la red habría construido una estructura de funcionarios, controles aduanales, empresas y operaciones financieras para sostener el denominado huachicol fiscal.
