Por Edgar Adair Espinoza Robles
La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia auténtica. Sin ella, el poder se vuelve autoritario y la crítica desaparece. Pero también es cierto que ningún derecho puede convertirse en patente de corso para destruir deliberadamente la verdad, manipular a la sociedad o actuar como aparato permanente de desinformación disfrazado de periodismo. Ese es el debate de fondo que volvió a encenderse tras la polémica en torno a TV Azteca. Porque la discusión de si un medio puede confrontar al gobierno o emitir opiniones incómodas no tiene problema, el verdadero cuestionamiento es ¿qué ocurre cuando la mentira deja de ser un error aislado y se transforma en estrategia permanente de comunicación?
Existe una diferencia entre la crítica y la falsedad organizada. La crítica fortalece la vida pública. Incluso la crítica dura obliga al poder a rendir cuentas. Pero cuando un medio difunde información manipulada, datos falsos o campañas permanentes de odio con fines políticos o económicos, abandona la legitimidad de ser un contrapeso democrático y funciona como un actor de poder sin responsabilidad social.
Durante décadas en México algunos grupos mediáticos gozaron de privilegios extraordinarios (concesiones públicas, publicidad oficial multimillonaria, protección política y capacidad para moldear narrativas nacionales sin rendir cuentas). Muchos de esos mismos grupos hoy intentan colocarse en el papel de víctimas absolutas cada vez que la sociedad cuestiona sus prácticas, si se les responden automáticamente es a “un atentado contra la democracia”.
Toda concesión de radio y televisión utiliza un bien público. Ese espacio pertenece a la nación y se entrega bajo criterios de interés público. Por ello resulta legítimo preguntarse si un medio que sistemáticamente desinforma, promueve campañas de odio o difunde contenidos falsos debe enfrentar consecuencias administrativas, civiles o regulatorias como el caso de la empresa de Salinas Pliego un oligarca acostumbrado a no pagar impuestos.
Aquí debe discutirse en serio porque si bien, un gobierno no puede ni debe decidir qué ideas son válidas y mucho menos castigar opiniones incómodas tampoco puede asumirse como normal que corporaciones mediáticas utilicen su enorme alcance para intoxicar con mentiras y odio deliberadamente el debate público sin enfrentar ningún tipo de responsabilidad ética o legal.
Las democracias modernas ya enfrentan este dilema. Ocurre en Europa con las discusiones sobre plataformas digitales, noticias falsas y responsabilidad algorítmica. También sucede en Estados Unidos tras años de polarización alimentada por ecosistemas enteros de desinformación que llevaron a los ultraconservadores al poder. México atraviesa un fenómeno similar, por el seudo periodismo prianista disfrazado de información objetiva.
El problema jamás será la existencia de voces críticas porque una democracia sana necesita libertad de expresión, pero también ciudadanos informados. La desinformación organizada el daña a toda la sociedad, que termina atrapada entre propaganda, manipulación, mezquindad y odio permanente.
Por eso el debate consiste en encontrar mecanismos que protejan simultáneamente dos valores esenciales como lo son la libertad y la verdad.
Ese es el gran reto de nuestro tiempo, impedir que, en nombre de la libertad, se calumnie impunemente y se envenene al pueblo de México.
Nota: mención aparte quienes localmente en portales disfrazados de periodistas tienen como “modus vivendi” el denominado chayote para decir tal o cual cosa falsa sobre las personas sin recato alguno. Afortunadamente cada día se les ignora más por una sociedad despierta que advierte de sus verdaderas intenciones.
