Ciudad de México. Un total de 48 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) perciben actualmente salarios superiores al de la presidenta de la República, de acuerdo con un análisis interno del propio organismo.
El documento, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), señala que la consejera presidenta del INE tiene un sueldo bruto mensual de 262 mil 634 pesos, lo que representa un 36.89% más que la remuneración presidencial, fijada en 191 mil 846 pesos.
Ajustes impactarían a 277 funcionarios
De aprobarse el llamado Plan B de la reforma electoral, el recorte salarial no solo afectaría a estos 48 altos funcionarios, sino que alcanzaría a 277 plazas, incluyendo consejeros, directores, subdirectores y cargos equivalentes.
El análisis advierte que el ajuste implicaría:
- Reducción de tabuladores salariales
- Modificación de compensaciones
- Revisión de percepciones adicionales
Se plantea que el salario máximo dentro del INE se reduzca a 190 mil 392 pesos, alineándose con el tope constitucional.
Ahorro millonario… pero con efectos internos
El INE estima que esta medida generaría un ahorro anual de aproximadamente 94.1 millones de pesos en servicios personales a partir de 2027.
Sin embargo, también se advierte que habrá efectos administrativos, como:
- Pago de compensaciones extraordinarias a funcionarios afectados
- Ajustes en la estructura interna del instituto
- Reconfiguración de la política salarial
También van seguros y prestaciones
La iniciativa contempla además la eliminación de diversas prestaciones, entre ellas:
- Seguro de gastos médicos mayores (161.5 millones de pesos)
- Seguro de vida colectivo
- Seguro de accidentes para personal por honorarios
En total, el INE destina actualmente 628.1 millones de pesos en primas de seguros.
A pesar de los recortes, dentro del organismo se sugiere mantener el llamado “bono electoral”, otorgado en periodos de elección por carga de trabajo.
El fondo del debate
La discusión de esta medida forma parte del Plan B electoral impulsado por la política de austeridad y fiscalización gubernamental del gobierno federal, que busca reducir el gasto en instituciones electorales y ajustar salarios bajo el principio de que nadie debe ganar más que la titular del Ejecutivo.
No obstante, al interior del INE se advierte que estos cambios podrían afectar la operación institucional y las condiciones laborales del personal especializado.
