Por Jonatan Azbat Carrillo
Mientras la cultura suele aparecer en los discursos oficiales como parte de la identidad y el orgullo sinaloense, en la estructura de gobierno ocupa un lugar que, para quienes impulsan una nueva iniciativa ciudadana, ya resulta insuficiente. Con ese argumento fue presentada ante el Congreso del Estado una propuesta para la creación de la Secretaría de Cultura de Sinaloa.
La iniciativa fue promovida por Sarahí Tirado Osuna restauradora y perito, respaldada por integrantes de la comunidad artística y cultural del estado. La propuesta busca transformar al actual Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), creado en 2008 como organismo público descentralizado, en una dependencia del Poder Ejecutivo con rango de Secretaría. Pero el planteamiento va más allá de cambiar un nombre en el organigrama.
Una Secretaría de Cultura de Sinaloa para que les patrimonio y el arte tenga peso en las decisiones
Uno de los argumentos centrales es que el actual modelo institucional limita la capacidad de la cultura para participar directamente en las decisiones del gobierno.
Al no formar parte del gabinete legal, la titularidad del ISIC no tiene la misma posición que otras dependencias para intervenir en el ciclo presupuestario ni para coordinar políticas con áreas como educación, turismo, desarrollo urbano, obra pública o seguridad. La iniciativa busca modificar precisamente esa condición.
La apuesta es que la cultura deje de entenderse únicamente como festivales, museos, artistas o actividades recreativas y pueda participar en políticas relacionadas con comunidad, prevención de violencia, juventudes, patrimonio y desarrollo social.
“Sinaloa no carece de patrimonio, de programas culturales, de comunidades organizadas ni de talento formado. Carece de una institución con la jerarquía necesaria para articular ese conjunto”.
Tirado Osuna
El presupuesto también pone el tema sobre la mesa
La discusión institucional llega acompañada de números que ayudan a dimensionar el lugar que actualmente ocupa la cultura en las prioridades estatales.
Para 2026, la función cultural tiene asignados 202 millones 480 mil 249 pesos, equivalente al 0.26 por ciento del gasto público estatal. Esto representa alrededor de 67 pesos por habitante al año. La iniciativa señala que alcanzar el 1 por ciento del gasto público significaría alrededor de 783.4 millones de pesos para cultura. Como referencia, menciona que Yucatán, con una población menor a la de Sinaloa, proyectó 504.7 millones de pesos.
Además, el documento advierte que el presupuesto estatal no contempla un renglón de inversión pública clasificada como cultural. El dato abre otra discusión: no solamente cuánto se destina a mantener la infraestructura y los programas existentes, sino cuánto se invierte en crear nuevos espacios y fortalecer los que ya existen.
Cultura comunitaria y construcción de paz
La propuesta también busca ampliar el concepto de política cultural. Plantea programas de construcción de paz y espacios para juventudes, una red estatal de orquestas, coros, ballets folclóricos, salas de lectura y museos comunitarios.
Incluye además un programa estatal de infraestructura cultural, profesionalización del personal, autonomía de gestión para los recintos y un Fondo Estatal para Iniciativas Culturales Comunitarias y de Construcción del Tejido Social.
Este último punto resulta relevante porque no condicionaría los apoyos a que los proyectos necesariamente produzcan una obra artística. La cultura también sería entendida como una herramienta para generar comunidad, memoria, convivencia y prevención de la violencia.
La iniciativa propone además reconocer a municipios, comunidades y pueblos originarios como titulares de sus propios patrimonios, con derecho a consulta previa.
El Congreso tendrá ahora la discusión
El documento, de 20 páginas y cuatro anexos, fue construido a partir de aportaciones de artistas, docentes, investigadores, portadores de patrimonio inmaterial y colectivos culturales de distintas regiones del estado.
La transformación del ISIC se plantea mediante sustitución, por lo que la nueva dependencia asumiría sus atribuciones, personal, patrimonio y recursos, sin incremento neto de estructura y con respeto a los derechos laborales. La iniciativa es ciudadana y no compromete, según sus promoventes, a ningún partido o institución.
Ahora corresponde al Congreso del Estado analizarla.
Más allá de si logra avanzar, la propuesta coloca sobre la mesa una pregunta que suele quedarse fuera de los discursos: ¿qué lugar ocupa realmente la cultura en las prioridades de Sinaloa y cuánto está dispuesto el Estado a invertir para que deje de ser un tema secundario?
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